El director general de la CARDER mantiene su preocupación por la compra de tierras en el PNN Los Nevados
- Los gobernadores y directores de las corporaciones del Eje Cafetero solicitan al Gobierno Nacional suspender la compra de más de 3.000 hectáreas en esta área protegida.
Pereira, 18 de septiembre de 2024. Ante la posibilidad de adquisición de tierras en el Parque Nacional Natural Los Nevados por parte de la Agencia Nacional de Tierras para cederlas a comunidades campesinas e indígenas, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, al igual que múltiples autoridades departamentales, ha expresado su preocupación ante este hecho que pone en peligro la preservación de esta área protegida, así como el líquido vital de cerca de siete millones de habitantes de la región cafetera.
Por ello, en las últimas horas, el director de la autoridad ambiental de Risaralda, se reunió en la capital colombiana con los gobernadores del Eje Cafetero, los directores de las Corporaciones de estos territorios, delegados de la Agencia Nacional de Tierras, la consejera Presidencial para las Regiones, entre otras autoridades; para dialogar sobre los grandes riesgos que generaría la compra de más de 3.000 hectáreas en el sector de Potosí.
Al respecto, Julio César Gómez Salazar, director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, expresó que: “Hemos salido descorazonados, realmente no nos dieron las respuestas que esperábamos, nos dejaron muchas inquietudes e incertidumbres. Nosotros manifestamos el despropósito, toda vez que esos territorios tienen no sólo compromisos de conservación, sino vocación ecológica y ambiental de preservación y conservación. Ese PNN Los Nevados es el agua que abarca a más de cuatro millones de habitantes, es la tierra de la danta de páramo, el oso de anteojos, el cóndor, el frailejón; y trasladar ese uso a la agricultura y presencia de ciudadanos, realmente coloca en riesgo la seguridad hídrica del departamento de Risaralda”.
De igual manera, solicitó al Gobierno Nacional materializar los acuerdos de conservación y preservación que existen en los territorios, y suspender la compra de dichas tierras, solicitud a la que se unieron diferentes autoridades municipales y departamentales.
